La Corte Interamericana celebró entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2016 su 114 Período Ordinario de Sesiones

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CORTE INTERAMERICANA CELEBRÓ

114 PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

 

San José, Costa Rica, 6 de mayo de 2016.- La Corte Interamericana celebró entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2016 su 114 Período Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica.

 

  1. Sentencia del Caso Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala

La Corte Interamericana dictó una sentencia en el Caso Maldonado Ordóñez Vs. Guatemala, que será notificada próximamente. El caso se relaciona con alegadas violaciones a las garantías judiciales y al principio de legalidad en el procedimiento administrativo sancionatorio que dio lugar a la destitución de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez, quien se desempeñaba como funcionaria de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Asimismo, el caso se refiere a la alegada vulneración al derecho a la protección judicial y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

 

  1. Audiencias Públicas sobre casos contenciosos

Se realizaron audiencias en los siguientes casos contenciosos.

a) Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú.

El caso se relaciona con una serie de alegadas violaciones a los derechos humanos en perjuicio del señor Luis Williams Pollo Rivera desde su detención inicial el 4 de noviembre de 1992 y durante todo el tiempo que estuvo bajo custodia del Estado en el marco de los procesos que se llevaron en su contra por el delito de terrorismo. Se alega que la detención inicial habría sido ilegal y arbitraria, en incumplimiento de la obligación de informar sobre el detalle de los motivos de la detención y sin control judicial. Dado que estos hechos habrían tenido lugar en el marco de un allanamiento, también se habría perpetrado una injerencia arbitraria en el domicilio. Se alega que las detenciones preventivas dispuestas también habrían sido arbitrarias, pues no se basaron en fines procesales. Además, dado el marco normativo aplicable, el señor Pollo Rivera habría estado impedido de presentar recurso de hábeas corpus.

b) Caso Miembros de la Aldea de Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala

 El caso se relaciona con una alegada masacre, así como presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, trabajos forzosos y violaciones sexuales en contra de los miembros de la Aldea de Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, entre los años 1981 y 1986, en el marco de los operativos por parte del Ejército y colaboradores durante el conflicto armado interno en Guatemala. Asimismo, según se alega, los sobrevivientes de la Aldea de Chichupac y comunidades vecinas habrían sido víctimas de desplazamiento forzado y presuntamente se habrían perpetrado violaciones del derecho a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a la propiedad y a los derechos políticos. Se alega, además, que los hechos constituirían parte del genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala y que los hechos del caso se encuentran en absoluta impunidad.

c) Caso I.V. Vs. Bolivia

 El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado Plurinacional de Bolivia por la intervención quirúrgica a la que fue sometida la señora I.V. en un hospital público el 1 de julio de 2000. Según la Comisión, dicha intervención, consistente en una salpingoclasia bilateral o ligadura de trompas, habría sido efectuada sin que se tratara de una situación de emergencia y sin el consentimiento informado de la señora I.V., quien habría sufrido la pérdida permanente y forzada de su función reproductora. De acuerdo a lo alegado, la intervención quirúrgica habría constituido una violación a la integridad física y psicológica de la señora I.V., así como a sus derechos a vivir libre de violencia y discriminación, de acceso a la información y a la vida privada y familiar, entendiendo la autonomía reproductiva como parte de tales derechos. Según se alega, el Estado no habría provisto a la presunta víctima de una respuesta judicial efectiva frente a tales vulneraciones.

Los videos de dichas audiencias pueden encontrarse aquí. Puede consultar la información sobre casos pendientes aquí.

 

  1. Audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias

El 3 de mayo se celebraron tres audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias, con el objeto recibir de los Estados información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en las sentencias y escuchar las observaciones de los representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana.

 

  • Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador

En esta audiencia se supervisaron, entre otras medidas, las relativas a: i) el “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote”; ii) la investigación de las violaciones declaradas en la Sentencia; iii) asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no represente un obstáculo para esa investigación ni otras graves violaciones de derechos humanos similares; iv) las exhumaciones, identificación y, en su caso, entrega de los restos de las personas ejecutadas a sus familiares; v) los programas de desarrollo y habitacional a favor de las comunidades afectadas por las masacres, y vi) las condiciones adecuadas para el retorno de las víctimas desplazadas a sus comunidades de origen.

  • Audiencia conjunta para los casos Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra, ambos en contra de México

En esta audiencia se supervisaron, entre otras, las reparaciones relativas a: i) la investigación, en el fuero penal ordinario, de las violaciones sexuales de las víctimas perpetradas por militares; ii) protocolos de actuación, programas de capacitación de funcionarios y servicios en salud que permitan una adecuada atención de mujeres víctimas de violencia sexual e investigación de tales violaciones; iii) concientización a la población sobre la prohibición de la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas; y iv) centro comunitario de la mujer en la comunidad indígena mep’aa de Barranca Tecoani y albergue de apoyo para que las niñas de esa comunidad puedan continuar recibiendo educación secundaria.

  • Audiencia conjunta para los casos Raxcacó Reyes y Fermín Ramírez, ambos en contra de Guatemala

En esta audiencia se supervisaron, entre otras reparaciones, las relativas a: i) modificar el artículo 132 del Código Penal que tipifica el delito de asesinato en la parte que contemplaba la posibilidad de ordenar la pena de muerte con base en la “peligrosidad del agente”; ii) reformar el artículo 201 del Código Penal que tipifica el plagio o secuestro, de manera que se estructuren tipos penales diversos para las diferentes formas de ese delito y penas diferentes, y mientras se realizaran tales modificaciones no aplicar la pena de muerte por ese delito; y iii) adecuar las condiciones de las cárceles a los estándares internacionales de derechos humanos.

 

  1. Resoluciones de supervisión de cumplimiento

 La Corte dictó resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia, que serán notificadas próximamente, en los siguientes casos:

  • Salvador Chiriboga Vs. Ecuador
  • Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador
  • Véliz Franco y otros Vs. Guatemala

 

  1. Estudio de sentencia

La Corte postergó la deliberación del Caso Yarce y otras Vs. Colombia[1] para un siguiente período de sesiones.

En el caso se aduce la responsabilidad de Colombia por lo sucedido respecto de cinco defensoras de derechos humanos y sus familias. Los hechos se habrían producido a partir de 2002 en el contexto del conflicto armado interno, que en la Comuna 13 de Medellín se habría intensificado por operativos militares y la presencia paramilitar. En ese marco, Miryam Eugenia Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina y sus familiares habrían sido obligadas a desplazarse mediante diversos actos. Además, las señoras Mery Naranjo y María del Socorro Mosquera también habrían tenido que desplazarse, y ellas y Ana Teresa Yarce habrían sido privadas arbitrariamente de su libertad en el 2002. Después, el 6 de octubre de 2004 fue asesinada la señora Yarce. Los hechos se encontrarían en situación de impunidad. Se aduce que Colombia habría incumplido deberes reforzados por el de riesgo particular padecido por mujeres defensoras de derechos humanos en el contexto del caso.

 

  1. Revisión de casos y asuntos pendientes, así como de cuestiones administrativas.

 Asimismo, la Corte examinó diversos casos y cumplimiento de sentencias que se encuentran bajo su conocimiento y, a su vez, analizará cuestiones administrativas.

 

  1. Develación del retrato del Expresidente Diego García-Sayán

El 3 de mayo se realizó un homenaje al Expresidente Diego García-Sayán, quien fue Juez de la Corte entre 2010 y 2015 y presidió el tribunal durante dos periodos entre el año 2010 y 2013. Estuvieron presentes el homenajeado, los Jueces de la Corte, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, así como el personal de la Corte Interamericana, quienes presenciaron la develación del retrato del Expresidente que será incluido en la galería de expresidentes de la Corte Interamericana.

Durante la ceremonia, el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas, destacó que ‘‘el Juez Diego García-Sayán ha consolidado una eminente carrera por la justicia, cuyo compromiso ha contribuido enormemente al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos’’.

 

  1. Visita del Secretario General de UNASUR y conferencia “UNASUR: Derechos humanos e integración”

 
En la presentación de la conferencia, el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Roberto F. Caldas, resaltó que uno de los pilares fundamentales de los Sistemas de Integración Regional deben ser los derechos humanos. Asimismo consideró que ‘‘la Jurisprudencia de la Corte Interamericana debe servir de guía obligatoria para orientar sobre cuáles son los deberes estatales en materia de derechos humanos’’.

Puede acceder al video de la conferencia aquí.

La composición de la Corte para este periodo de sesiones fue la siguiente: Juez, Roberto F. Caldas, Presidente (Brasil); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Corte Interamericana, continuará conociendo de este caso la composición anterior de la Corte conformada por los siguientes Jueces: Roberto F. Caldas (Brasil), Presidente; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Vicepresidente; Diego García-Sayán (Perú); Alberto Pérez Pérez (Uruguay); Eduardo Vio Grossi (Chile). El Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia) no participa del conocimiento y deliberación del caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.

 

FONTE: Boletim informativo da Corte Interamericana de Direitos Humanos

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